Es el medio legal con el que cuentan los ciudadanos para impugnar la respuesta de los sujetos obligados a sus solicitudes de acceso a información pública, ya sea que se les haya negado el acceso a determinada información, la inexistencia de los documentos requeridos, la información que se les proporcionó sea incompleta o no corresponda a la solicitud que formularon, o bien, clasifiquen como confidenciales los datos personales sin que cumplan las características señaladas por la normatividad aplicable, y ante la omisión de la entrega de los datos personales solicitados o lo haga en formato incomprensible.